Una causa que puede arrojar luz sobre la apropiación de Ignacio/Guido Montoya Carlotto

Los 21 secuestros en Olavarría

El empresario fallecido Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, sospechado de haber entregado al recién nacido.

SURda

Argentina

Irina Hauser

 

En Olavarría funcionó el campo clandestino de detención Monte Peloni. En septiembre comienza un juicio contra los militares represores y podrá dilucidarse la relación con el fallecido empresario rural Pancho Aguilar.

El empresario fallecido Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, sospechado de haber entregado al recién nacido.

La ciudad de Olavarría y los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron durante la última dictadura recobraron dimensión a partir de la restitución de Ignacio/Guido Montoya Carlotto, quien creció en un campo de la zona criado por una pareja de trabajadores rurales. El interrogante sobre cómo y a través de qué nexos llegó hasta allí, teniendo en cuenta que su mamá, Laura Carlotto, estuvo secuestrada en La Cacha, en La Plata, conduce al intento por desentrañar las complicidades civiles y militares en el pueblo, que de todos modos exceden este caso y han sido un sello local. Olavarría tuvo su propio centro clandestino, llamado Monte Peloni, y casualmente el juicio por 21 casos de secuestros y torturas ocurridos allí comenzará el próximo 22 de septiembre. Un tribunal oral de Mar del Plata se trasladará al lugar de los hechos para llevar adelante las audiencias. Estarán en el banquillo por secuestros, torturas y homicidio los principales responsables del Ejército en el área 124, empezando por el jefe, Ignacio Verdura; el jefe de Inteligencia, Walter Grosse; el oficial Horacio Leites y el suboficial mayor retirado Omar “Pájaro” Ferreyra, conocido por cumplir funciones en democracia cuando el ex intendente radical Helios Eseverri lo puso a cargo de Control Urbano.

El juicio en puerta no tiene relación directa con la apropiación del nieto de Estela Carlotto, pero inevitablemente lleva a poner la atención sobre el entramado cívico-militar. Una denuncia que recibió Abuelas de Plaza de Mayo cuatro años atrás, como informó Página/12, señalaba como presunto entregador de Ignacio/Guido, cuando era apenas un bebé, al empresario rural Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, dueño del campo Los Aguilares, donde trabajaba el matrimonio que finalmente lo crió. En la presentación que recibió Abuelas, el denunciante daba precisiones sobre la vida del joven y describía a Aguilar (quien falleció en marzo) como un personaje con fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia. También dirigió la Sociedad Rural local y fue candidato a concejal de Unión PRO en 2007. En Olavarría es vox populi que, como era experto en caballos y practicaba equitación, se vinculó con varios militares, entre ellos con Verdura, que era el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2.

Verdura está preso y es un acusado clave del juicio que comienza. Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es que Ignacio, el nombre de crianza de Guido Montoya Carlotto, es el nombre de pila de Verdura. Ha sido común que los entregadores figuren como padrinos de los niños robados o que les pongan algún nombre vinculado con ellos.

La historia de la actuación del terrorismo de Estado en Olavarría muestra que la persecución siguió cierta “lógica”: en la antesala y los inicios de la dictadura, tras el golpe de 1976, estuvo focalizada en los trabajadores, luego se trasladó a los abogados que los defendían, y por último en el movimiento estudiantil. Las primeras detenciones, algunas disfrazadas de legalidad en comisarías y en la cárcel de Azul, afectaron a los obreros de FABI (Fábrica Argentina de Bolsas Industriales) que intentaban organizarse. La represión llegó luego a los trabajadores de Loma Negra, que habían hecho un paro ante la falta de respuesta a sus reclamos. La empresa convocó al Ejército y también hubo detenciones. Pasó algo similar en otra firma, Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA), donde acusaban a los empleados de sabotaje.

“A los trabajadores detenidos, mi papá los sacaba de la comisaría”, recordó Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno, abogado laboralista que representaba a AOMA, la asociación de los obreros de las cementeras, en especial de Loma Negra. Moreno fue secuestrado en Olavarría y llevado a Tandil, donde estuvo cautivo en una chacra de los hermanos Emilio y Julio Méndez, fue torturado, intentó escapar y terminó asesinado de un disparo en el pecho en mayo de 1977. El fallo que condenó a tres integrantes del Ejército y a los Méndez en marzo de 2012 fue emblemático, no sólo porque avanzó sobre esos civiles vinculados con el aparato represivo que había cedido su casaquinta como centro clandestino sino porque, con las pruebas surgidas, ordenaron abrir una investigación sobre el directorio de Loma Negra –que presidía la fallecida Amalia Lacroze de Fortabat– y otra sobre miembros de la Corte Suprema bonaerense y el entonces ministro de Gobierno, Jaime Smart, por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo de Ejército que presentaba el homicidio como un enfrentamiento.

“Aunque casi todos los miembros del directorio fallecieron, se pudo demostrar que, antes de la dictadura, Loma Negra daba pérdidas y en dictadura triplicó sus ganancias. Luego del secuestro de mi papá, que tuvo un objetivo disciplinador, bajó el costo laboral. Todos los secuestros tenían ese objetivo”, dijo Moreno hijo, y recuerda que otros dos abogados de Olavarría secuestrados fueron José Alfredo Pareja y Mario Gubitosi. El tribunal federal marplatense que juzgó el asesinato de Moreno –integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra– se trasladó a Tandil para hacer el juicio. A Olavarría irán los mismos jueces, con el mismo gesto de hacer las audiencias en el escenario de los secuestros y las desapariciones. Los fiscales serán Walter Romero y Marcos Silvagni. Las querellas estarán representadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, con los abogados César Sivo y Manuel Marañón.

“Olavarría, una ciudad de no más de 100 mil habitantes, tenía a mediados de los ‘70 un movimiento estudiantil y juvenil con participación y militancia fuerte, al que también le llegó la represión”, cuenta Carmelo Vinci, de la Comisión por la Memoria de Olavarría y sobreviviente del centro clandestino Monte Peloni. Su caso es uno de los que entrarán en el juicio del mes próximo, que se hará en la Universidad del Centro. La fecha de su secuestro coincide con el inicio de las audiencias: fue un 22 de septiembre, pero de 1977. A la madrugada se lo llevó una patota del Ejército, fue torturado con picana eléctrica y pasó 15 días sin ingerir alimentos, el modo en que habitualmente se iniciaba la detención ilegal allí, según contaron varios sobrevivientes. Igual que él, todas las personas secuestradas que pasaban por allí eran estudiantes militantes, sobre todo de la Juventud Universitaria Peronista, de la Unión de Estudiantes Secundarios y del Frente Territorial.

Monte Peloni era un establecimiento rural ubicado en Sierras Bayas y se sabe que funcionó como campo de concentración por lo menos en 1977. Tenía unas 323 hectáreas y estaba cerca de las rutas 226 y 76. El edificio principal era un casco de estancia, con techo a dos aguas, ventanas enrejadas y pisos de ladrillo. Estaba entre las sierras, protegido por una ladera, rodeado por un bosque y se llegaba por un camino de tierra. El centro clandestino dependía del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría. El viejo casco fue declarado Monumento Histórico Provincial y Patrimonio Cultural.

La cadena de secuestros en los que se concentrará este juicio comenzó con la detención ilegal en Tandil de un subcomisario, Francisco Nicolás Gutiérrez, el 13 de septiembre de 1977. Quería que marcara dónde vivían su hija Isabel Gutiérrez y su yerno, Juan Carlos Ledesma, quienes fueron secuestrados en Olavarría un día después y continúan desaparecidos. Muchos de los que serían secuestrados a continuación tenían como rasgo común que eran jóvenes que venían escapando de La Plata para instalarse en Olavarría. Los dos homicidios que serán juzgados son los de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini. Este último había sido guardiacárcel en el penal de Sierra Chica, tenía contacto con los presos políticos y las Fuerzas Armadas lo rotularon como un traidor. La única mujer sobreviviente que declarará en este juicio es Lidia Araceli Gutiérrez, torturada y violada en Monte Peloni.

Los represores que estarán en el banquillo se encuentran todos detenidos. Verdura tiene prisión domiciliaria en Corrientes, aunque el tribunal le exigió que para el juicio fije domicilio en Olavarría. Vinci recuerda que en democracia “Verdura fue ascendido a jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba”. Estaba en ese cargo en 1986 el día que el entonces presidente Raúl Alfonsín se salvó de un atentado cuando fue hallada (y desactivada) una bomba en una alcantarilla precisamente del Tercer Cuerpo por donde pasaría. Grosse, capitán retirado y oficial de Inteligencia de la plana mayor, está detenido en Marcos Paz, igual que Ferreyra, suboficial mayor que integró el grupo de operaciones del Escuadrón del Regimiento de Olavarría, y que Leites, teniente retirado que participó del golpe de Estado del ‘76. El coronel retirado Juan Carlos Castigani falleció hace un año. Este juicio es sólo un inicio, porque habrá otro por 23 víctimas más, con unos 70 imputados.

Moreno hijo cuenta la coincidencia de que con su familia vivían exactamente al lado de Verdura, compartían la medianera. “El día que lo secuestran a mi papá, el colimba que siempre estaba apostado allí en la vereda, casualmente no estaba”, cuenta. Igual que muchos en Olavarría, Matías Moreno dice: “Tengo la impresión de que este juicio que viene destapará muchas cosas, complicidades civiles que no se conocen”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-253228-2014-08-18.html

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